Cuando Guerra asesinó a Montesquieu

12:17 | 28 de noviembre, 2009 Enrique de Diego

La chapuza de la incautación de Rumasa disparó la corrupción y acabó con la división de poderes. El presidente del Tribunal Constitucional sufrió presiones insoportables en La Moncloa.
Madrid.- Es criterio probado que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. En el magnicidio de Montesquieu se confirma. Arrepentido o cínico, Alfonso Guerra declara ahora, frente a la presión mediática catalana sobre el Tribunal Constitucional, que éste “no hace política ni debe medir las consecuencias de sus fallos”. El mismo Guerra es autor del dictamen liberticida: “Montesquieu ha muerto” y el Bruto que dio las más certeras cuchilladas a la división de poderes.

El 5 de diciembre de 1983 se filtró la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa.

Escándalo sobre escándalo, pues seis magistrados habían votado en contra y otros seis a favor. El empate había sido roto por el voto de calidad del presidente, Manuel García Pelayo.

El Gobierno tenía interés en dar a conocer cuanto antes una sentencia sobre cuestión que se le había convertido en terrible pesadilla y la misma filtración pretendía distraer el debate de la cuestión de fondo. El ejecutivo se escudó en la excusa peregrina de que el invento de la fotocopiadora hacía imposible determinar la fuente de una filtración, que sólo podía provenir del Gobierno o del Tribunal Constitucional. García Pelayo, la víctima colateral del terrible asesinato de Montesquieu, cuyas consecuencias aún pagamos de manera muy elevada, declaró que “una sentencia votada y firmada no puede variarse”. Nada se podía hacer. Ruiz Mateos declaraba que “toda la propiedad privada queda en el aire”.

El 23 de febrero de 1983 el gobierno socialista se había incautado, manu militari, con un despliegue policial sin precedentes, de Rumasa. Se trataba de un holding de 700 empresas, con una plantilla superior a las 65.000 personas, y con una facturación anual superior a los 350.000 millones de pesetas de la época(más de 2.000 millones de euros).

La incautación había venido precedida por amenazantes declaraciones del vicepresidente económico, Miguel Boyer. Las razones del asalto a Rumasa son confusas y confluyen varias motivaciones. Las excusas económicas fueron: reiterada falta de auditorías externas, obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente a las empresas del propio grupo y una política expansiva considerada imprudente.

El partido socialista acababa de acceder al poder (diez millones de votos el 28 de octubre de 1982) y la expropiación fue un ejercicio de autoritarismo, que aterrorizó a la sociedad española, aunque fue comedidamente aplaudida por la cúpula bancaria que consideraba a Ruiz Mateos un peligroso outsider.

Es muy posible que la pertenencia entonces de José María Ruiz Mateos al Opus Dei fuera determinante para un gobierno en el que Alfonso Guerra hacía ostentación de rabioso anticlericalismo, con paranoica obsesión contra La Obra, a la que situaba como el principal foco de resistencia al nuevo poder socialista.

Autoritarismo.

No había cobertura legal para la medida y todo se hizo en medio de una gran frivolidad, al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución. Se improvisó un decreto-ley ad casum. El ejecutivo, con su todopoderoso vicepresidente, Alfonso Guerra, actuó como el gobierno de un régimen totalitario. Expropiar Rumasa implicaba –tal era la chapuza- acabar con la propiedad privada en España, someterla al capricho gubernamental.

Sólo quedaba como dique el Tribunal Constitucional y a él acudió con recurso de inconstitucionalidad, elaborado por José María Ruiz Gallardón, el grupo parlamentario de AP.

Al frente del Alto Tribunal estaba un jurista de muy reconocido prestigio, referencia del Derecho Constitucional comparado, y de fuertes credenciales democráticas. Manuel García Pelayo (1909-1991), nacido en Corrales del Vino (Zamora), licenciado en Derecho por la Complutense, había sido capitán del ejército republicano y había permanecido luego en las prisiones franquistas hasta 1941. En 1951 emigró a Argentina y de ahí a Venezuela, donde fundó el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Central de Caracas. En 1980 el Rey le invitó a formar parte del Tribunal Constitucional, lo que representó su vuelta a España. La sentencia del caso Rumasa amargaría sus últimos años.

Presión en Moncloa.

Se trataba, pues, de un hombre incorruptible y de sólida trayectoria. Nada indicaba en su perfil que fuera el arma que el vicepresidente Alfonso Guerra utilizaría para hundirla en el corazón mismo de Montesquieu.

Empezó a saberse que el Alto Tribunal estaba muy dividido y se fue abriendo a la convicción de que todo dependería de si el presidente ejercería o no la prerrogativa del voto de calidad.

Manuel García Pelayo fue llamado a Moncloa. Acudió con el vicepresidente del Alto Tribunal, Jerónimo Arozamena. Por parte gubernamental ejercieron intensísimas presiones Felipe González y Alfonso Guerra, correspondiendo a éste el papel de poli malo, en lo que adquirió características de interrogatorio policial. El Guerra arrogante de entonces exhibió voceando las más altas y, al mismo tiempo, las más chuscas razones de Estado: de echar abajo la incautación de Rumasa, la indemnización a pagar sería multimillonaria, representaría no sólo el fin del proyecto socialista sino también la quiebra del Estado.

“Te vas a cargar el Estado y la democracia”, gritaba un exasperado y exasperante Guerra. De aquellas reuniones, que se pretendían mantener en el más absoluto secreto, informé en exclusiva gracias a lo suministrado por los escoltas de Manuel García Pelayo.

Éste había salido de Moncloa en estado de extrema agitación, muy nervioso, con lipotimia y al borde del infarto, ante una presión que se le había hecho insoportable y para la que -hombre curtido pero sensible y académico- no estaba preparado.

García Pelayo cedió. Cumplido el pedido, pasó a ser una sombra de lo que había sido. En 1986 dimitió, sin cumplir el periodo de nueve años previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Regresó de nuevo a Caracas en 1987, donde murió, olvidado, en 1991, tras una larga enfermedad.

La privatización de las empresas de Rumasa significó la introducción en España de la corrupción en gran escala. Además el Gobierno no quería sobresaltos como los que había pasado y reformó la Ley del Poder Judicial situando a todo el Consejo General bajo tutela de los partidos. De esa manera, la carrera judicial pasaba a ser cuestión de favor político.

La división de poderes había muerto. Nadie trató después de resucitar el cadáver de Montesquieu. Aunque los cómplices del asesinato son múltiples, no hay duda de que el sicario, el asesino directo fue Alfonso Guerra. ¡Ojalá se haya arrepentido, como parece, aunque ya es tarde!