Emilio Rancionero Menasalvas escribe, en “El Día” lo siguiente:

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“Ciertamente, el TC comenzó a ponerse en evidencia con aquella sentencia que declaró constitucional la ley de expropiación de Rumasa promovida por Miguel Boyer y Felipe González, o viceversa. Ley que se aprobó por mayoría absoluta del Congreso después de haberse efectuado la “confiscación”, que no expropiación, porque en el momento de los hechos no existía la ley. La ley de expropiación de Rumasa se hizo a posteriori y el TC la sentenció favorable después como un hecho consumado, ya que haberla declarado inconstitucional hubiese creado grandes quebrantos al Estado. Algo así se adujo en aquel alto Tribunal y cuya aprobación lo fue con el voto de calidad del presidente que, luego, se fue a rumiar su remordimiento lejos de España. Y todavía los españoles estamos pagando las consecuencias de aquella chapuza y de la que algunos amigos del “poder” de entonces se forraron. Algún Cisneros, que no el Cardenal de la Inquisición”.

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