José Calderón Ruiz escribe en el artículo
“Las tres caras de Felipe González: 25 años de su triunfo”, publicado en su blog.
….”En sus fracasos está; que el 23 de febrero de 1983 expropió el Grupo RUMASA, con 700 empresas que facturaban 350.000 millones de pesetas y una plantilla de 65.000 trabajadores que fueron al paro, a la vez que arruinó a centenares de pequeñas empresas y ahorradores. En diciembre de 1986 el voto de “calidad” del Presidente del Tribunal Constitucional resuelve que la expropiación fue legal. Meses más tarde el gobierno comenzó a “malvender” RUMASA a personajes afines”…..
En “Vidas Paralelas” (El Mundo) Pedro G. Cuartango escribe
….”El nivel de desprestigio del Constitucional tiene un precedente: la sentencia que legitimaba la expropiación de Rumasa en diciembre de 1983. El Pleno del Alto Tribunal estaba dividido en dos mitades: seis contra seis magistrados y decidió el voto de calidad del entonces presidente del Constitucional, el jurista Manuel García-Pelayo.García Pelayo sucumbió a las fuertes presiones del Gobierno de Felipe González, que habría quedado noqueado en caso de una sentencia adversa. El presidente del Constitucional votó probablemente en contra de sus convicciones para evitar una crisis gubernamental de consecuencias imprevisibles.La leyenda dice que, murió en Venezuela en 1991, sufrió remordimientos hasta el final de sus días. Era, sin duda, un hombre honesto, que creía en la fuerza del Derecho.La sentencia sobre Rumasa sumió también al Constitucional en un gran descrédito, que se fue acrecentando cuando se conocieron las irregularidades en la venta de las empresas del holding de la abeja y su alto coste para el Estado”…..
En el artículo que firma el Catedrático de Derecho Constitucional, Teodoro González
Ballesteros, publicado en “La Clave”, podemos leer lo siguiente:
….”Como no podía ser de otra forma por la índole de sus competencias, y desde que dictara su primera sentencia el 26 de enero de 1981, este órgano de control de constitucionalidad no ha tenido un desarrollo pacífico, debido, fundamentalmente, a las injerencias del poder político. Recordemos para empezar el “caso Rumasa” (Ruiz Mateos Sociedad Anónima), holding de empresas expropiado por el Gobierno del PSOE el 23 de febrero de 1983 -Decreto-Ley 2/1983- que provocaría el primer enfrentamiento grave entre los miembros del Tribunal a consecuencia de una sentencia, la 111/83, de 2 de diciembre, que consideró constitucional el decreto de expropiación del Gobierno, obra del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer. El Tribunal estaba empatado a votos y algo debió suceder en una entrevista que el vicepresidente Guerra mantuvo con el presidente del Tribunal, Manuel García-Pelayo, para que éste, mediante su voto “político”, diera legalidad al referido decreto expropiatorio. Meses después García-Pelayo dejaría el Tribunal y se marcharía de España”…….
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